El 27 de noviembre pasado comenzó una vez más, y como es habitual desde que existe consenso entre las principales fuerzas políticas del país respecto de responder afirmativamente a la demanda abierta desde los mercados mundiales de metales preciosos, la temporada veraniega de actos represivos hacia vecinos que se manifiestan en contra del avance mega minero.

En este caso el escenario fue Rawson, capital de la provincia de Chubut, cuna de la resistencia anti mega minera en la argentina y uno de los territorios del país en que con mayor claridad se observa el rechazo social masivo a la actividad. Como ya es costumbre, la represión estuvo a cargo de integrantes de la U.O.C.R.A [1], organización sindical que viene consolidando desde hace ya varios años, su perfil como grupo de choque al servicio de los intereses del FPV [2].

Recordemos que a fines del año pasado, la temporada de ataques a pobladores de diferentes localidades movilizadas contra la actividad mega minera había comenzado en el pueblo riojano de Famatina, y luego extendido a varias localidades de Catamarca y Tucumán. Incluso por entonces, la ciudad de Andalgalá fue sitiada durante varias semanas por grupos de choque de origen sindical quienes se abogaron el derecho a registrar vehículos en el ingreso al pueblo [3].

Fue en ese mismo pueblo, en febrero de 2010, en donde se inauguró esta perversa tradición represiva, cuando el grupo especial KUNTUR apaleó a los vecinos que se encontraban en asamblea permanente luego de haber sido anoticiados de la existencia de un proyecto mega minero que abrigaba el firme propósito de explotar el ejido urbano de la ciudad de Andalgalá [4].

El cambio que se ha producido en estos años respecto de los agentes que llevan adelante los actos represivos-de grupos especiales de la policía a grupos de choque de organizaciones sindicales- ha sido descripto correctamente como una tercerización de la represión. Cabe señalar que la orientación de este cambio deja en claro quien/quienes están detrás de estos actos violatorios a los derechos humanos: se trata del FPV (y de su jefa política, Cristina Fernández de Kirchner), única fuerza partidaria nacional que combina impulso a la mega minería,  mandato de no utilizar a la policía para actos represivos y control político de los diferentes territorios involucrados.

El acuerdo tácito entre el FPV y el Pro [5] respecto de abrir las puertas del territorio argentino a las transnacionales mega mineras, sugiere que la tradición de represiones veraniegas se extenderá por varios años. El silencio mediático, fiel a los interés que lo sustentan y cimentado por la ilusión mayoritariamente compartida que indica que “estar informados” es recibir detalles sobre las rencillas de palacete que venden los multimedios estatales y privados como noticias, aseguran la salida de escena de los grandes temas de debate social y político, y configuran una eficaz estrategia de construcción de soledades respecto de los pueblos que, correctamente informados, resisten a la destrucción de su territorio y al saqueo de nuestros bienes comunes.